Perón y La Iglesia

Perón y la Iglesia fueron en un comienzo muy fluidos y el militar debía agradecer a la Iglesia por su colaboración en el triunfo electoral de marzo de 1946. Justo es reconocer que el apoyo electoral fue retribuido generosamente por Perón en 1947, cuando la mayoría peronista del Congreso ratificó el decreto del gobierno militar que establecía la enseñanza religiosa en las escuelas, entregando su manejo a la jerarquía eclesiástica. Muchos católicos –sacerdotes y laicos- observaban con preocupación esta vinculación con el régimen, pero la mayor parte de la feligresía la apoyaba con entusiasmo. Sin embargo, el idilio entre peronismo e Iglesia no estaba destinado a durar. Miles de personas acudieron a sus actos y la Iglesia manifestó su malestar. El segundo incidente se produjo por la existencia de una corriente que se impulsaba desde el Vaticano para la organización en todos los países de partidos demócrata cristianos anticomunistas que llevó a sectores importantes de la alta jerarquía eclesiástica en la Argentina y a militantes del nacionalismo católico a propiciar la formación de un partido político democristiano. Con el objetivo de ganar fuerzas para esta alternativa, la Iglesia comenzó a dar impulso a diversas organizaciones de tipo gremial, como asociaciones de médicos, maestros, abogados, industriales, ganaderos y obreros católicos. Tomó fuerza la actividad de la Acción Católica. Al mismo tiempo, estas organizaciones católicas combatían al peronismo en el propio seno de sus organizaciones sindicales, especialmente en la CGT y la CGE, y simultáneamente, se ligaban a los partidos opositores. A esto se agrego la creciente preocupación de la Iglesia por las actividades desarrolladas por la UES y el clima de escándalo que las rodeaba. Algunos sacerdotes comenzaron a incluir en sus sermones dominicales una advertencia a los padres para que evitaran enviar a sus hijos a clubes estudiantiles de dudosa moralidad. Cuando la UES decidió organizar los festejos del Día del Estudiantes en 1954, en la quinta de Olivos, fue duramente criticada por la Acción Católica, la organización oficial de los católicos laicos. La respuesta de Perón se hizo llegar un mes más tarde durante los festejos del "Día de la Lealtad", el 17 de octubre de 1954. Al hablar a la multitud, El "primer trabajador" hizo referencia a los enemigos del pueblo, "las fuerzas de la regresión" y los clasificó en tres clases: los políticos, los comunistas y los "emboscados". Atacó duramente a las dos primeras categoría y luego hablo de los emboscados, quienes se dividían a su vez, en dos categorías: - los apolíticos, "algo así como la bosta de paloma; y son así porque no tienen ni buen ni mal olor" [...] y los otros emboscados, los disfrazados de peronistas. A estos los vamos conociendo poco a poco y eliminando de toda posibilidad..." La jerarquía eclesiástica decidió enfrentar la situación. Encabezados por los dos cardenales, Santiago Luis Copello y Antonio Caggiano, y el Nuncio Apostólico, dieciséis obispos acudieron a la Casa Rosada para una confrontación personal con Perón. Sin embargo, en la reunión ambas partes evitaron cuidadosamente mencionar nada sustancial, y los prelados se fueron como habían llegado. Pero el conflicto recién había comenzado. Nueve días más tarde, con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, el episcopado emitió una carta pastoral conjunta, para ser leída en todas las iglesias del país, conteniendo un ataque a "las aberraciones del espiritismo", que constituía un tiro por elevación sobre Perón. Mientras tanto, desde los púlpitos de muchas iglesias los sacerdotes y obispos, eran menos elípticos en sus acusaciones. Finalmente, en la mañana del 10 de noviembre de 1954 Perón organizó un plenario de todas las organizaciones que componían el estilo peronista en la quinta de Olivos, asistieron todo el gabinete, los gobernadores, legisladores, representantes sindicales y de la C.G.E., la C.G.U.; de la UES; del Partido Peronista. Después de escuchar los informes preparados por cada gobernador y representante de las distintas organizaciones sobre la actividad opositora desarrollada por miembros de la Iglesia, Perón pronunció un extenso discurso a lo largo del cual realizó acusaciones contra una lista de sacerdotes "perturbadores" que incluía a los obispos de Santa Fe y Córdoba, y a veinte sacerdotes de nueve provincias. El país entero quedó estupefacto y en el mismo seno del peronismo cundió el desconcierto. Pero lo que pareció en un primer momento un arranque temperamental del presidente, continúo manifestándose en otros discursos y posteriores aclaraciones. Pronto quedó claro que Perón deseaba llevar adelante un ataque en regla contra la Iglesia o, al menos, destinado a los sectores católicos que calificaba de "contras". Sólo dos grupos se alegraron por la novedad. Los opositores más recalcitrantes vieron en esta apertura la oportunidad ideal para que todo el antiperonismo rodeara a la Iglesia, convirtiéndola en trinchera contra el régimen, ahora, los desarticulados núcleos de la oposición podían contar con una base de formidable, extendida en todo el país, apoyada emocionalmente en la fe religiosa. El otro sector que se alegró con la nueva política de Perón fue el de los sindicalistas de origen de izquierda: era el momento en que podrían dar rienda suelta a un anticlericalismo que, hasta entonces, habían debido silenciar, proporcionando, de paso, un buen motivo de distracción a sus bases. Años después Perón, desde el exilio, se refería a este conflicto diciendo: "Los hechos se engarzaban como rosario de pobre. Cuando yo realicé una consulta que me permitiera captar la oportunidad de la separación de la Iglesia del Estado, que la habían sostenido, incluso prohombres acendradamente católicos como Estrada, la furia conjunta de los elementos clericales, que luego emergerían a la palestra con el nombre de demócratas cristianos, llegó a su paroxismo. Se me empezó a atribuir miras y propósitos completamente reñidos con mis sentimientos confesionales de católico. Justo sería advertir que en la pugna entre el Estado argentino y la Iglesia, ambas partes se vieron azuzadas con extrema habilidad en el sentido de adoptar formas de creciente virulencia, Nosotros también sacamos el problema a la calle; pero mientras nosotros organizábamos una manifestación, ellos orquestaban miles de mitines diarios desde dos mil púlpitos. En las filas de los respectivos poderes en entredicho se exteriorizaba la labor de agentes provocadores que respondían a antiguos resentimientos". El conflicto se agravó rápidamente. En un solo mes Perón presentó al Congreso un conjunto de leyes que efectivamente separaban a la Iglesia Católica del Estado. El 3 de diciembre se suprime la Dirección de Enseñanza Religiosa del Ministerio de Educación y se la reemplaza por la llamada "Doctrina Nacional", el 8, día de la Inmaculada Concepción, se reúne en Plaza de Mayo una gran multitud que viva a Cristo Rey y aclama a los obispos cuestionados. Dos días más tarde, el gobierno clausura el diario católico "El pueblo" y la Editorial Difusión. La persecución se desplazó luego al ámbito legislativo. El 22 de diciembre se sanciona la ley 14.394 sobre el régimen penal para menores, bienes de familia y presunción de fallecimiento, a la que se agrega, sin despacho de comisión ni anuncio previo, un artículo que permite un nuevo casamiento a los divorciados. El Episcopado pide a Perón, infructuosamente, que vete la iniciativa. El 30 del mismo mes, el Poder Ejecutivo decreta la autorización para abrir los prostíbulos. Los actos legislativos seguirían en mayo del año siguiente: la ley 14.401 suprime la enseñanza religiosa en las escuelas, y la 14.405 deroga las exenciones impositivas que beneficiaban, hasta entonces, a los institutos religiosos. Entre estas dos medidas, el mismo día 23 de mayo, el Congreso sanciona, en una rápida sesión, la ley 14.404, que establece la necesidad de reformar la Constitución para instaurar la separación entre la Iglesia y el Estado y se autoriza al Poder Ejecutivo para convocar a la respectiva convención constituyente antes de 180 días. Simultáneamente el proceso legislativo, el Poder Ejecutivo toma una serie de medidas coherentes con esta orientación: suprimir feriados religiosos, prohibir procesiones y otras manifestaciones de ese tipo en las calles, prohibir audiciones católicas por las radios, etc. En los diarios oficialistas la campaña anticatólica adquirió máxima virulencia. En especial en La Prensa, publicación en ese entonces en manos de la C.G.T. Mientras que en Crítica, el historiador marxista Rodolfo Puiggrós escribía una columna titulada "El Obispero Revuelto" y en Democracia los ataque a la iglesia era autoría de otro marxista compañero de ruta de los peronistas, Jorge Abelardo Ramos. Perón había puesto en marcha un mecanismo ya imposible de detener, y los elementos más duros de la C.G.T. aprovechaban la campaña para extremarla. El 1º de mayo de 1955 decía Eduardo Vuletich, secretario general de la C.G.T.: "El clero predica la resignación de rodillas; nosotros lo preferimos a usted, general, que preconiza la dignidad de cara al sol y nos enseña a pelear por la conquista de nuestros derechos... En esta atmósfera debía realizarse, el 9 de junio, la tradicional procesión de Corpus Christi, trasladada al sábado 11 para aprovechar el feriado. En la víspera, Perón se dirigió por radio a todo el país. Dijo que: "como precaución era necesario alertar a todas las organizaciones. Preparar los medios de acción y los transportes; controlar por las organizaciones políticas los sectores de acción y mantener la vigilancia por los jefes de manzanas. No actuar sino en contacto y coordinación con la Policía por los comandos tácticos". Finalizó diciendo: "Yo impartiré cualquier orden en cada caso, por los medios correspondientes. Por cada hombre que puedan poner nuestros enemigos, nosotros pondremos diez" . La feligresía católica respondió con firmeza a las agresiones provenientes del gobierno. En vísperas de la procesión circularon panfletos invitando a los fieles a asistir desafiando las prohibiciones. La gente respondió masivamente, y lo que había sido habitualmente una inofensiva caminata de un grupo de beatas y caballeros tras el palio se convirtió ese día en una gigantesca manifestación antigubernamental en la confluían todas las corrientes opositoras, además de los católicos mismos. Al otro día, la prensa oficial denunciaba atentados y desmanes que habrían perpetrado los manifestantes católicos. El diario La Prensa afirmaba que "los elementos clericales, digitados por cabecillas organizados pertenecientes a la Acción Católica", habían efectuado disparos contra las vidrieras del diario. Se habían colocado bombas en las embajadas de Yugoslavia e Israel, y atentado contra los monumentos de Roca y Sarmiento. Pero la acusación más grave era la supuesta quema de la bandera argentina, por parte de algunos manifestantes, frente el palacio del Congreso, hecho que resultaba por demás ultrajante. El episodio parece haber sido confuso: es posible que algunos jóvenes católicos hayan apagado con un trapo una llama votiva en honor de Eva Perón, y que la policía creyera, en un primer momento, que se trataba de una bandera. Cuando Borlenghi, ministro del Interior, se enteró de la versión, ordenó a la Policía Federal que presentara los restos de la enseña nacional; al no haberla, en la comisaría 8va., asiento de la famosa "Sección Especial", se procedió a incinerar a medias una bandera para cumplir la orden. Algunos oficiales de la Policía Federal manifestaron, después del derrocamiento de Perón, que habían recibido del Jefe de Policía, Miguel Gamboa, la orden de quemar una bandera para culpar a los católicos. Cualquiera sea la realidad, lo cierto es que la prensa oficial publicó fotografías donde se veía al presidente Perón rodeado de sus ministros Borlenghi, Méndez San Martín, Aloé y otras figuras del régimen, observando, con preocupación los restos quemados de lo que parecía ser una bandera nacional. El día 12 de junio hubo un ataque contra los asistentes a la misa vespertina en la Catedral de Buenos Aires efectuado por militantes justicialistas. Los jóvenes defensores del templo fueron detenidos mientras que los agresores no fueron molestados. El clima de tensión se fue incrementando. El día 14 de junio el obispo auxiliar de Buenos Aires, monseñor Manuel Tato, y el canónigo de la Catedral metropolitana, monseñor Ramón Novoa, eran detenidos y luego expulsados del país, bajo la acusación de haber alentado los desmanes de las jornadas anteriores. Dos días más tarde de la medida, la Sagrada Congregación Consistorial del Vaticano fulminaba la excomunión latae sentetia contra los responsables. La noticia no fue publicada en la prensa argentina. Este clima de tensión precipitó los trabajos revolucionarios que llevaban a cabo el jefe de la Infantería de Marina, contralmirante Samuel Toranzo Calderón, en la Armada y el general León Bengoa, jefe del 3º Cuerpo de Ejército con sede en Paraná, así como algunos oficiales de la Aeronáutica pertenecientes a la base de Morón. El plan de los golpistas incluía un ataque aéreo a la Casa de Gobierno con aviones de la Armada y de la Aeronáutica, a fin de matar a Perón. Un batallón de la Infantería de Marina, con asiento en el Puerto de Buenos Aires, dirigiría un ataque por tierra contra el edificio, con el apoyo de civiles armados, mientras otros grupos de civiles armados coparían las diversas emisoras de radio. El Plan preveía que la revuelta contaría a esa altura de los hechos con la ayuda de unidades del Ejército en el Litoral, bajo el mando de Bengoa, de las Escuelas de Artillería y de Aviación de Córdoba, y de la base naval de Puerto Belgrano. Allí, según se esperaba, oficiales sublevados tomarían la flota y ordenarían su salida al mar, así como el despliegue de unidades de Infantería de Marina y la aviación naval desde la base principal. La circunstancia de que el 16 de junio un grupo de cazas de las Aeronáutica debía realizar un desagravio a la enseña nacional, brindó a los conspiradores la oportunidad para realizar el levantamiento sin despertar sospechas durante su preparación. Pero, casi nada salió según lo habían planeado los golpistas. No solo faltó el apoyo de las unidades del Ejército en el Interior, sino que una densa niebla sobre la Capital demoró el ataque de la Aviación Naval contra la Casa Rosada. El ataque estaba previsto para las diez de la mañana pero sólo a las 12.30 horas los primeros aviones, ahora con base en el Aeropuerto de Ezeiza, aparecieron sobre la Plaza de Mayo para arrojar sus bombas. Para entonces, los grupos de conspiradores civiles que esperaban en las calles adyacentes habían recibido orden de dispersarse. Lo más importante fue que esa demora reveló la existencia del movimiento y Perón, siguiendo el consejo del general Franklin Lucero, se había trasladado de la Casa Rosada al amparo del Ministerio de Guerra, a una cuadra de distancia. Desde el subsuelo de ese edificio, el presidente pudo seguir el desarrollo de los acontecimientos y coordinar las operaciones de represión. Perón encomendó la defensa del gobierno constitucional al general Lucero, quien desplazó unidades del Ejército para proteger la Casa de Gobierno y recuperar las instalaciones portuarias ocupadas por los rebeldes. Al final de la tarde, a pesar de los reiterados bombardeos y la metralla de los aviones de la Armada y la Aeronáutica, todas las bases en manos de los insurrectos habían sido recuperadas por las fuerzas leales, incluso el Ministerio de Marina, que había servido como cuartel general al almirante Toranzo Calderón. Los últimos aviones hicieron una pasada final sobre la Casa Rosada, y se dirigieron a Montevideo llevando a los comprometidos, entre ellos al dirigente radical Miguel A. Zabala Ortiz. Allí, el ministro de Marina, contralmirante Anibal Olivieri, y el comandante de la Infantería de Marina, vicealmirante Benjamín Gargiulo, a pesar de que no había tomado parte en la conspiración, se asociaron a la frustrada rebelión en un acto de responsabilidad moral que provocaría la destitución y la cárcel para el primero y el suicidio del segundo. A media tarde sobre la ciudad reinaba el horror, las víctimas alcanzaban a unas 1.000 personas entre muertos y heridos, todos ellos civiles, en su mayoría simples transeúntes sorprendidos en la calle por los acontecimientos. Pero, el mayor impacto era la visión de un ejército que volvía las armas que la Nación puso en sus manos para la defensa de la patria contra su propio pueblo. Ningún móvil político podía justificar este criminal acto de terrorismo. Apenas tuvo seguridad del triunfo, Perón habló por radio desde el subsuelo del ministerio de Ejército. Afirmó que todo había terminado, alabó al Ejército por su conducta y dijo que la Marina era la "culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos". Pidió que nadie intentara hacer justicia por sus manos. "Hemos dado una lección a la canalla que se levantó, y a la que la impulsó a que se levantara". Y una y otra vez se preocupó por rendir homenaje al Ejército, "que no sólo ha cumplido con su deber, sino que lo ha hecho heroicamente". Poco después del discurso de Perón comenzó a desarrollarse un drama que atenuaría el impacto de las atrocidades cometidas por los aviones rebeldes en horas de la mañana. Tras el discurso del presidente habló el secretario adjunto de la CGT, Hugo di Pietro, convocando a un paro general en apoyo del gobierno para el día siguiente, en el centro de la ciudad aparecieron grupos de incendiarios. El primer blanco fue la Curia Metropolitana. Los saqueadores robaron reliquias, volcaron los magníficos archivos de la época colonial y luego incendiaron las instalaciones después de rociarlas con nafta destruyendo una invaluable colección de 80.000 volúmenes. En la Catedral destrozaron altares y confesionarios sin incendiar el templo. Después fue el turno del convento y la iglesia de San Francisco, que fueron totalmente destruidos por el fuego. Esa noche también sufrieron ataques San Ignacio, Santo Domingo, San Miguel, La Merced, San Nicolás, La Piedad, San Juan, el Socorro, San Nicolás, San Juan Bautista, la capilla de San Roque en la Capital Federal y las iglesias de Asunción, en Vicente López, y Jesús del Huerto, en Olivos. Algunas iglesias sólo sufrieron parcialmente los efectos del fuego, pero todas fueron saqueadas y profanadas por los vándalos, que no dudaron en robar copones, candelabros y relicarios. Toda la noche continuaron los saqueos y destrozos. Mientras que grupos de fieles trataban consternados de salvar imágenes u objetos de culto, ante la ausencia de los bomberos y la policía. Durante estos hechos sacerdotes y feligreses fueron duramente castigados, pero no hubo ningún muerto. El gobierno peronista recibió, con la quema de las iglesias, un segundo golpe ese día. Perón –que por la mañana había expulsado del país a los sacerdotes Tato y Novoa- fue excomulgado ese mismo día y se produjo una ola de repudio mundial por los actos de vandalismo y la destrucción de objetos artísticos y religiosos. El Vaticano inició una campaña internacional contra el gobierno argentino comparando la quema de las iglesias con el incendio del Reichstag –parlamento alemán- por los nazis en 1933. Perón advirtió que el conflicto había escalado hasta niveles sumamente peligrosos e intento una "política de pacificación" apelando a la oposición. Pero ya era demasiado tarde. El régimen había perdido el apoyo del poder moral, tanto ideológico como religioso, carecía de adhesión del poder económico y contaba ahora con un poder militar dividido y asediado por la presión de la opinión pública antiperonista, exasperada y militante. El movimiento peronista era aún mayoritaria y permanecía fiel a su "conductor", pero quedó desconcertada ante el comportamiento de Perón. La política de pacificación no fue más allá del cambio de algunas caras y de declaraciones conciliadoras de Perón, como el discurso del 15 de julio ante los legisladores justicialistas: "La revolución peronista ha finalizado; comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución" . Hacia fines de agosto era evidente que la política de pacificación era tan solo un periodo de tregua en que ambos bandos se preparaban para dirimir sus diferencias en un asalto final. El 31 de agosto Perón realizó una de sus clásicas maniobras: efectuó una demostración de fuerza. Presentó su renuncia a la presidencia, no ante el Congreso –como marca la constitución- sino a las tres ramas del partido peronista. Ante lo cual la C.G.T. inmediatamente decretó la huelga general y convocó a Plaza de Mayo para pedirle al presidente que retirara su renuncia. Esta violenta arenga actuó como catalizador de la situación. Los elementos más moderados dentro del Gobierno comprendieron que la situación era insostenible. Entre los opositores reforzó la determinación de derrocar a Perón sin reparar en los medios. El centro de la conspiración siguió siendo la Marina a pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno para neutralizarla: la disolución de los cuarteles generales de la Infantería de Marina y la Aviación Naval y de dos de sus unidades, el retiro de la jurisdicción naval sobre las gobernaciones territoriales de Tierra del Fuego y Martín García, y el secuestro de pertrechos navales, inclusive los detonantes de bombas de los aviones. Por otra parte, después de los sucesos de junio, los hombres de la Marina se sentían el blanco principal de cualquier represalia organizada por los peronistas, considerando que ellos vivían con sus familias en barrios militares situados en las proximidades de las bases. Parecía necesario anticiparse a cualquier intento por parte del Gobierno. Para caldear aún más los ánimos, el 8 de septiembre, cuando Hugo di Pietro, en nombre de la C.G.T., se dirigió al ministro de Guerra solicitándole armas para la formación de "reservas voluntarias de obreros" para defender al gobierno. El pedido fue declinado con una nota en la cual el general Franklin Lucero calificaba esta iniciativa como "un rapto de entusiasmo patriótico", y derivaba la decisión final al Poder Ejecutivo. En realidad, Di Pietro actuaba coherentemente, dada la incitación de Perón había formulado una semana atrás. Aunque rechazado, el pedido de la C.G.T. despertó un revuelo entre los hombres de las fuerzas armadas y significó la última y decisiva motivación para que los oficiales hasta ese momento indecisos apoyaran cualquier iniciativa revolucionaria. Entonces la jefatura del movimiento pasó al general Lonardi, quien contaba con elementos comprometidos en la Escuela de Artillería, en Córdoba. Lonardi a los cincuenta y cuatro años estaba mortalmente enfermo, pero animado por una profunda fe religiosa –la mística religiosa de Lonardi y sus seguidores se verá en la insignia de "Cristo Vence" que lucirían los aviones y vehículos rebeldes; las invocaciones a Dios y a la Virgen de las Mercedes, patrona del Ejército, serán habituales en sus transmisiones radiales- creía que era suficiente con crear un foco revolucionario para que toda la estructura del régimen peronista se cayera como un castillo de naipes. Al día siguiente, aunque oficiales rebeldes bajo el mando del general Julio Lagos lograron el control de Cuyo, fuerzas leales numéricamente superiores convergían sobre las posiciones del general Lonardi en Córdoba y sobre la base naval de Puerto Belgrano. Así inmediatamente después leyó una carta del presidente Perón en la que proponía entregar su mando al Ejército a fin de facilitar un acuerdo. Aunque todavía no estaba claro los golpistas habían triunfado.